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Un lustro de impunidad: cinco años de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro
30 de abril, por Crimen de Estado — Política, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Impunidad, Violencia policial, Policía Bonaerense, Desaparición forzada, Frente de Todos, Covid-19, Cuarentena, Facundo Castro, Santiago Ulpiano Martínez, Política, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Impunidad, Violencia policial, Policía Bonaerense, Desaparición forzada, Frente de Todos, Covid-19, Cuarentena, Facundo Castro, Santiago Ulpiano MartínezLa causa por desaparición seguida de muerte está abierta. Pero la estancaron. El 30 de abril de 2020, empoderada por la cuarentena represiva, la Policía Bonaerense detuvo al joven en la ruta. Nunca más se lo vio con vida. Su cuerpo apareció 107 días después en un cangrejal intransitable. Kicillof y Berni ocultan la verdad. Cristina Castro denuncia: “Siguen matando a mi hijo todos los días”.
Este miércoles se cumplen cinco años de la última vez que se vio con vida a Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años oriundo de la localidad de Pedro Luro, partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los casos emblemáticos de la represión desatada en 2020 por los gobiernos nacional y provinciales en el marco de la cuarentena por la pandemia de covid-19.
En esos meses, las fuerzas represivas del Estado mataron a una persona cada dos días. El cuerpo de Castro fue hallado el 15 de agosto, 107 días después de ser retenido en la Ruta Nacional 3 por miembros de la Policía Bonaerense. Esqueletizado, yacía en un cangrejal de Villarino Viejo, terreno prácticamente intransitable al que nadie iría, por propia voluntad, si no fuera para pescar o deshacerse de algo que no quiera que se encuentre.
La versión que siempre intentó instalar el gobierno de Axel Kicillof (con ayuda judicial y mediática) es que Facundo se ahogó allí (donde nadie más se ahoga), en soledad, tal vez desorientado en su intento de llegar a Bahía Blanca.
Para sostener ese relato debieron ocultar varios “detalles”. Por ejemplo, que el cuerpo fue hallado desnudo (algo de su ropa apareció un mes después a cuatro kilómetros, junto a otras pertenencias, dentro la mochila). O que cerca del cadáver estaba, como una amenaza muda, su zapatilla derecha en perfecto estado (tras casi cuatro meses supuestamente a la intemperie). O que su celular se activó al día siguiente de que se lo vio por última vez con vida.
Para no hablar de la “Testigo H” o “E.H.R.” (por sus iniciales), cuya identidad sigue inexplicablemente “protegida” y su versión es lo único que les ha servido a los defensores de la Bonaerense para “alejar” a Facundo de los destacamentos policiales de Mayor Buratovich y Teniente Origone, localidades villarenses donde se comprobó que estuvo el joven haciendo dedo.
La Izquierda Diario cubrió el caso desde el inicio , cuando una desesperada Cristina Castro alzó su voz pidiendo saber dónde estaba su hijo. Con responsabilidad y rigor informativo, nada de lo denunciado en este sitio pudo ser desmentido o rebatido por las autoridades políticas, más preocupadas por ocultar el caso que por llegar a la verdad.
“Son cinco años en los que todavía sigo viviendo en un limbo, para mí es como si hubiera sido ayer”, dice hoy Cristina ante la consulta de este diario. “Y cada día que pasa, siguen matando a mi Facu, tanto la Policía que sigue ‘trabajando' y nos sigue agrediendo, como el Poder Judicial que está más comprado que nunca; y el poder político, claro”, agrega.
Desde el Estado cuestionaron, hostigaron y finalmente ningunearon a la madre del joven. Hasta las áreas de Derechos Humanos nacional y provincial le dieron la espalda. Pero ante cada ataque, ella se fortaleció, convencida de que la verdad está de su lado. “Otro año de elecciones, otra vez teniendo que poner el pecho y mi hijo sigue con esa injusticia. Duele muchísimo que en esta Argentina a los jóvenes, que son el futuro, los estén matando y encubran a los asesinos”, afirma con firmeza.
Causa abierta
Hace una semana Cristina publicó un video en vivo a través de su cuenta de Facebook. Eran las 7:34 de la mañana y hablaba desde una vereda, antes de ingresar a hacerse análisis clínicos. Allí recordó que la causa judicial por su hijo “no está cerrada, sigue abierta con la misma carátula de ‘desaparición forzada seguida de muerte' y estamos esperando más pruebas de la Datip que no aún han llegado”. Se refería a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, responsable de peritar teléfonos y otros dispositivos.
La madre de Facundo agregó que en ese expediente, que se tramita en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, hay cuatro policías bonaerenses imputados y que fue el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez quien primero los consideró sospechosos del crimen. El mismo fiscal que luego, en acuerdo con el Poder Ejecutivo provincial, embarró la causa hasta donde pudo y finalmente terminó renunciando al caso. Los policías son Mario Sosa, Alberto González, Jana Curuhinca y Siomara Flores.
Cristina filmó ese vivo con indignación. Es que el día anterior había terminado un juicio (del que este diario informará próximamente) contra el adiestrador canino Marcos Herrero, donde ella declaró como testigo. El hombre que halló rastros de Facundo en sedes policiales de Bahía y Villarino, actuando como perito en procedimientos celosamente custodiados por la Fiscalía y fuerzas como Gendarmería, acaba de ser condenado por “falso testimonio” en un proceso motorizado por el propio fiscal Martínez a partir de una denuncia de los mismos policías a los que imputó en 2020.
Para ella, el juicio contra Herrero fue “muy oscuro”, donde no pudieron declarar testigos claves y hubo varias irregularidades tanto del Tribunal como de la Fiscalía. Y responsabiliza directamente al intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, quien desde el principio (tal como lo relató este diario) se puso al servicio de la defensa de los policías, del ministro de Seguridad Sergio Berni y del gobernador Axel Kicillof.
Hay otros “detalles” que algunos pretenden pasar de largo. Por un lado que Sebastián Martínez, abogado de los cuatro policías que denunció a Herrero por “plantar pruebas” en la causa de Facundo, es a la vez asesor letrado del Municipio de Villarino. Es decir que reporta directamente a Bevilacqua. Por otro lado, que aún si las pertenencias de Facundo halladas en las comisarías por los perros de Herrero fueran quitadas del expediente por la desaparición forzada, hay muchas pruebas más que impiden exculpar del crimen a la Bonaerense.
La causa por la desaparición forzada seguida de muerte sigue abierta. Pero a la vez en estos cinco años la llamada “Justicia” se empecinó en no buscar la verdad. Aún la familia y los amigos del joven quieren saber cuándo, dónde y cómo murió Facundo. Y quiénes fueron los culpables.
La impunidad como método
Leandro Aparicio, uno de los abogados de la querella, lleva años trabajando en causas por violaciones a derechos humanos. Consultado por La Izquierda Diario reflexiona: “Uno ya pasó por muchas de estas cosas y entiende que, pese a la claridad de los hechos, no es todo tan sencillo y hay comportamientos en los actores involucrados que se repiten. Lo que está pasando con esta causa ya lo anticipamos tiempo atrás”.
Como si se trataran de capítulos de una misma serie, el abogado también asumió la defensa del perito Herrero. Respecto a esos “comportamientos” que se repiten en causas diversas, Aparicio grafica: “En septiembre vamos a tener una nueva audiencia en el caso de Daniel Solano, que desapareció en noviembre de 2011; un caso que, aún poniéndole todas las energías, sabemos que puede llevarnos veinte años. También participamos en la causa de Sergio Ávalos, desaparecido hace 22 años. Quiero decir que sabemos que la causa de Facundo puede durar mucho”.
Las implicancias políticas del caso están a la vista. En medio de la cuarentena, las detenciones arbitrarias, las torturas, el gatillo fácil y hasta las desapariciones estuvieron a la orden del día. Algo que contradecía el discurso “progre” del Frente de Todos y que, por lo tanto, había que ocultar. Sólo la movilización popular, que llegó a manifestaciones masivas en Plaza de Mayo y otros puntos del país, obligó al Estado a dar (tibias) respuestas ante casos imposibles de tapar.
“Yo no me voy a olvidar nunca que (Alberto) Fernández, (Cristina) Fernández y (Axel) Kicillof estaban al frente del Estado cuando mataron a mi hijo. Yo hubiera peleado contra cualquier gobierno, fueron de lo más corrupto y asesino”, dice Cristina sin titubeos.
Aparicio agrega su percepción. “Desde hace un par de años vienen trabajando con el objetivo concreto de blindar la candidatura presidencial de Kicillof. Para intentar bloquear cualquier amenaza llegaron a contratar escritores a medida, que ya publicaron dos libros sobre el caso de Facundo con ese propósito evidente”, dice el abogado. Sobre uno de esos libros también se escribió en este diario.
A nivel judicial también hay responsabilidades imposibles de obviar. Tanto el juez federal Walter López da Silva como el equipo de fiscales que integran Iara Silvestre, Horacio Azzolin y Alberto Gentili le deben muchas explicaciones a la familia. “En la medida de nuestras posibilidades y recursos hicimos todo para avanzar en que se sepa toda la verdad, pero no podemos decir lo mismo de la Fiscalía, desde donde parece haberse dejado todo en stand by . No es normal que llevemos dos años y medio esperando pruebas que surjan de las pericias a los teléfonos de los policías”, sentencia el abogado querellante.
La lucha continúa
“Son tiempos en los que parece que somos nosotros los que tenemos que defendernos, como si hubiéramos sido los criminales y no las víctimas. Y lo vamos a hacer, con la esperanza que nos da toda la prueba dura, técnica, que conseguimos en estos cinco años. En algún momento vamos a poder avanzar. Tenemos que poder establecer qué fue todo lo que pasó ese 30 de abril de 2020”, sentencia Aparicio desde Bahía Blanca.
La esperanza de la que hablan desde la querella se basa en pruebas que ya constan en el expediente o están por ser incorporadas. Entre ellas figura la constatación, a través de pericias de la Datip, de que Castro estuvo en la comisaría de Mayor Buratovich el día de su detención, lo que desmiente la versión policial de que “lo dejaron seguir”. De hecho Curuhinca es quien le sacó una foto, de espaldas y probablemente esposado, delante del patrullero y junto al oficial Sosa.
“También pudimos acreditar que Facundo estuvo tirado en la ruta después de ese primer ‘encuentro' con la Policía y que luego estuvo en Origone”, agrega el abogado. “Y que el relato de González sobre cómo fue el encuentro con la Testigo H difiere notablemente de lo que dice la misma mujer. Una testigo que no quiso entregar su agenda para peritar y que reconoció haber mentido cuando dijo que ese día fue a un lugar de Bahía Blanca al que en verdad nunca fue”.
Cristina y los suyos tienen la certeza de que, al menos, tres de los policías estuvieron en contacto directo con Facundo ese día, pero de una manera totalmente distinta a la que relataron los uniformados y sus superiores políticos. “Obviamente deberían estar detenidos desde hace mucho, pero desde el momento en que Berni personalmente decidió meterse en la causa, todo se hizo más complejo”, reflexiona Aparicio. Vale decir que nada cambió al respecto con el reemplazo de Berni por Javier Alonso al frente del Ministerio de Seguridad (renovación del segundo mandato de Kicillof).
Además de la causa principal por desaparición forzada seguida de muerte y de la subsidiaria en la que hace pocos días se juzgó y condenó al adiestrador canino, hay una tercera en la están imputados Luciano Peretto, el otro abogado de la familia, y la experimentada médica forense Virginia Créimer, que actuó en la causa como perita de la querella.
“Supuestamente se los acusa de haber ayudado a Herrero a ‘plantar pruebas'”, dice Aparicio. Pero advierte: “Estamos pidiendo tener acceso a ese expediente y nos lo están negando. Es decir, no podemos siquiera conocer los fundamentos. Pero medios como La Brújula y La Nueva sí acceden a la causa y, por lo que ellos dicen, la causa está tan armada que no podemos descartar que terminen imputando a la misma Cristina”.
Mientras tanto, la madre de Facundo sigue levantándose cada día para ir a trabajar a la estación de servicio de Pedro Luro. Desde ese mismo lugar, hace casi cinco años, hablaba por primera vez con La Izquierda Diario. Hoy, con ríos enteros pasados bajo el puente, vuelve a respondernos.
“Simplemente quiero recordar a Facu como era. No quiero olvidarme de que mi hijo me regaló veintidós años de alegría, de felicidad, de compartir y de saber que hice bien las cosas, que crié un buen pibe. Que me lo arrebató la política y lo siguen matando todos los días. Pero mientras Dios me deje abrir los ojos, yo no voy a dejar de pelear por justicia. Facu se merece descansar en paz y nosotros nos merecemos hacer el duelo que llevamos cinco años sin poder hacer”. ¡Facundo Castro Presente!
Notas clave para entender el caso
Cristina Castro: “Estoy hermanada con todos los familiares de desaparecidos”
Claroscuros de la autopsia de Facundo Castro: ¿que parezca un accidente?
Cuando la Policía empoderada hizo de la cuarentena una máquina de matar
Apartan a la jueza Marrón por su actuación a favor de la impunidad
¿Qué hizo el Estado con la mochila de Facundo Astudillo Castro?
Kicillof tomó partido por la impunidad en el caso de Facundo Castro
Declaró el pescador que halló el cuerpo de Facundo Castro: complicó más a Berni y a la Federal
El falso testimonio del policía Galarza que deja al desnudo a la Bonaerense
Entrevista agosto 2020: Cristina Castro y sus abogados desenmascaran a Berni y la Bonaerense
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Fronteras norte: Milei despliega el Ejército para la represión interna violando la Ley de Seguridad
30 de abril, por Salta — Política, Salta, Libertades Democráticas, Narcotráfico, Fuerzas Armadas, Patricia Bullrich, Salta, Gustavo Saénz, Javier Milei, Luis Petri, Política, Salta, Libertades Democráticas, Narcotráfico, Fuerzas Armadas, Patricia Bullrich, Salta, Gustavo Saénz, Javier Milei, Luis PetriEl anuncio del ministro de Defensa, Luis Petri, de desplegar efectivos del Ejército en zonas fronterizas bajo la "Operación Roca" -parte del Plan Güemes- es una medida para la represión social que viola la Ley de Seguridad Interior. Bajo el Plan Güemes asesinaron al bagayero Fernando Gómez.
El ministro de Defensa acaba de confirmar que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la frontera norte, el gobierno de Javier Milei está capacitando y equipando a las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas de seguridad interior, allanando el camino para su uso contra la protesta social.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, incluyendo detenciones de civiles en flagrancia, viola las leyes llamadas de la democracia conquistadas por años de movilización de un amplio sector de la sociedad, luego de la última dictadura militar.
El 14 de abril, Petri activó formalmente la Operación Roca, que implica el despliegue de militares en las fronteras norte y noreste hasta diciembre de 2025. La medida, coordinada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, busca reforzar el control en zonas como los departamentos San Martín y Rivadavia y les permite que detengan civiles en forma transitoria a quienes cometan delitos en flagrancia, entre otras medidas.
Con la excusa de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno nacional, en alianza con el gobernador salteño profundiza la militarización de las fronteras mediante el "Plan Güemes", ahora reforzado con la "Operación Presidente Julio Argentino Roca", que incorpora al Ejército en tareas de seguridad interna.
Sin embargo, el verdadero blanco no son los grandes narcos, sino los trabajadores precarizados que cruzan la frontera para subsistir. El primer tramo del Plan Güemes, lanzado en diciembre de 2024, ya dejó un saldo trágico: el asesinato de Fernando Gómez, un bagayero de 27 años, baleado por Gendarmería en Orán durante un operativo. A pesar de que cinco gendarmes fueron imputados, siguen en libertad, y la jueza federal Ivana Hernández encuadró el caso como "homicidio en riña", en lugar de investigarlo como un crimen de lesa humanidad.
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Órdenes reservadas y armas cargadas: ¿Seguridad o amenaza?
El gobierno de Javier Milei ha dado un paso alarmante al autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte bajo las llamadas "reglas de empeñamiento", una medida que, aunque se presenta como una estrategia contra el narcotráfico, enciende las alertas sobre un uso represivo contra la población.
Según documentos a los que accedió Clarín, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, emitió instrucciones secretas que permiten a los militares:
Detener civiles "en flagrancia" sin una regulación clara sobre qué constituye un delito en esas circunstancias. Portar armas cargadas en patrullajes, con protocolos ambiguos sobre el uso de la fuerza. Realizar "disparos de advertencia o neutralización", una fórmula peligrosamente vaga que podría derivar en violencia indiscriminada.Aunque el gobierno insiste en que estas reglas están alineadas con el Código Penal, estas nuevas normas chocan con las leyes vigentes. Particularmente con la Ley de Seguridad Interior y la de Defensa que limita el rol castrense a situaciones excepcionales, como las amenazas estatal externa. Así lo plantea la Ley de Defensa, en su artículo 2, a partir de un decreto reglamentado en el año 2006.
Operativo Roca
Este operativo, que implicará el despliegue de 10.000 soldados -el 25 % del Ejército en condiciones operativas-, cuenta con el respaldo de un decreto presidencial que, sin embargo, no es suficiente para modificar el texto de una ley, ya que en realidad se trata de una resolución ministerial muy opaca.
Petri justificó la autorización para que los militares detengan civiles bajo el argumento de que "todos los códigos procesales lo permiten". Sin embargo, oculta tres detalles clave:
Las "reglas de empeñamiento" son secretas, por lo que no hay control sobre los protocolos de uso de la fuerza. El decreto 1112/2024 fue firmado por Javier Milei sin debate parlamentario. Los efectivos se desplegarán en poblaciones del interior, no solo en pasos fronterizos, ampliando su radio de acción.Ante las voces que se alzaron contra esta resolución, Petri lo justificó diciendo que "es controversial para quienes defienden narcos y delincuentes". Pero la historia argentina enseña que cuando los militares asumen funciones policiales, termina en represiones brutales contra el pueblo trabajador y sectores populares, o en genocidio como fue la última dictadura militar.
El Ejército en las fronteras: ¿seguridad o represión?
La nueva fase del plan despliega efectivos militares en el departamento San Martín (Tartagal, Salvador Mazza, Aguaray), una zona con fuerte presencia de comunidades originarias. La decisión, formalizada mediante la Resolución 347/2025, autoriza a las Fuerzas Armadas a operar hasta diciembre de 2025, pese a que la ley les prohíbe participar en conflictos internos.
En países como Colombia, México o Ecuador, la intervención militar en seguridad interna para, supuestamente, combatir el narcotráfico ha demostrado que es un fracaso completo. Entre otros motivos, porque estas fuerzas forman parte de estas bandas criminales, que, lejos de combatirlas, las robustecen.
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Desde la izquierda, la candidata a concejal Daniela Planes, por el PTS en el Frente de Izquierda, sostuvo que es grave la resolución y agregó que “el gobernador Gustavo Sáenz y Bullrich quieren disfrazar con el plan Güemes la lucha contra el narcotráfico, pero es un plan represivo y racista”. Agregó, además, que las consecuencias de esto se encuentran en el asesinato de Fernando Gómez. “Ahora autorizan a militares a detener civiles. Hay que repudiarlo y enfrentarlo. Nos quieren hacer creer que con Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Salta pueden combatir el narcotráfico y las redes de trata. Cuando en verdad todo el pueblo sabe que el Estado es cómplice”.
Grave. El gobernador @GustavoSaenzOK y Bullrich quieren disfrazar con el plan Güemes la lucha contra el narcotrafico pero es un plan REPRESIVO y RACISTA. La consecuencia el asesinato de Fernando Gómez. Ahora autorizan a militares a detener civiles. ? https://t.co/qo1frkNNco
— Daniela PlanesS (@DaniPlanesS) April 28, 2025
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Operación Roca: Un caballo de Troya
El plan implica movilizar 10.000 efectivos (25 % del Ejército) con estas características alarmantes: Armamento en "nivel 3" (cargado y sin seguro) en situaciones de "potencial peligro". Facultades para "disparos de neutralización", un eufemismo que podría encubrir ejecuciones extrajudiciales. Coordinación con Paraguay, lo que internacionaliza la militarización bajo pretextos de "seguridad".El gobierno insiste en que solo actuarán ante "flagrancia", pero: ¿quién define qué es un delito "en flagrancia" en medio de un operativo militar?
¿Cómo se garantizarán derechos ante detenciones castrenses sin intervención judicial previa?
La respuesta parece clara: se prepara un dispositivo para criminalizar la pobreza (migrantes, campesinos, comunidades originarias) y sentar precedentes para usar al Ejército en protestas sociales para avanzar en las reformas a las leyes de Seguridad interior y Defensa, que toda la derecha busca, como se vio bajo el gobierno de Macri, y que no pudieron avanzar porque un amplio sector de la sociedad se opone activamente a que los militares tengan ingerencia interna.
La frontera es la excusa
Milei y Petri mienten cuando hablan de "control fronterizo" para la lucha contra el narcotráfico. Lo que están construyendo es un aparato para la represión masiva, usando, junto a las indicaciones de Estados Unidos, el discurso del "enemigo interno" (narcos, terroristas, mapuches).
Intentan mostrar que el Ejército puede ser la solución al narcotráfico y las redes de trata. Pero la realidad es otra: son los mismos uniformados los que forman parte de estas mafias, mientras jueces y funcionarios actúan como cómplices, encubriendo a los verdaderos capos que después financian a los partidos del régimen y a los políticos tradicionales.
Foto: Luis Petri, Gustavo Sáenz y Patricia Bullrich durante el anuncio del Plan Güemes en la frontera norte de Salta
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Las Madres de Plaza de Mayo cumplen 48 años de “coherente rebeldía”
29 de abril, por Neuquén — Neuquén, Libertades Democráticas, Derechos Humanos, Neuquén, Libertades Democráticas, Derechos HumanosEl Grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000 convoca a conmemorar, con actividades en la Universidad del Comahue, los 48 años de lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
En Neuquén y Alto Valle, está la filial de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que cumple 48 años de "coherente rebeldía", de lealtad con los principios que las llevaron a transformar el dolor personal en lucha social y política. Desde aquel 30 de abril de 1977, día en que que comenzaron a “circular” alrededor de la Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de sus hijos e hijas hasta que su cuerpo se los permitió, lucharon por memoria, verdad y justicia, contra la impunidad y la represión, en defensa de la salud, la educación y el trabajo.
Los primeros pasos los dieron Inés Ragni y Lolín Rigoni junto a Adelina Pons de Pifarre, Aisa Passarini de Peralta, Josefina Lepori de Mujica, Zara Maritana Dehai de Arrazola, Feliciana Alcampan de Pichulman, Lila Julia Garnero de Vecchi y María Luisa Jacobo de Tronelli, entre otras. Lolín Rigoni es la última Madre de Neuquén y cumplirá 100 años, pero el legado de estos 48 años de lucha y coherencia está vivo en todas y todos los que levantan sus banderas.
“Siempre nos consideramos una pequeña minoría que transformó lo personal en una lucha pública, social y política, con la única herramienta del pañuelo. El arma del pañuelo no mata, trata de dar un ejemplo de convicción. Somos luchadoras que, gracias a nuestros hijos, su coherencia y solidaridad, hemos encontrado un camino”, así describe Lolín la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.
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Bajo el lema “48 años de coherente rebeldía”, el Grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000 convoca este miércoles 30 de abril en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue a conmemorar la trayectoria de estas mujeres que dejaron huella.
“Queremos reivindicar la historia de cómo nacieron y de todo lo que han hecho durante estos 48 años”, cuenta Marina López Dorigoni, una de las integrantes del grupo, y explica que con la frase “coherente rebeldía” quieren subrayar su constancia y militancia. “Acá en la zona conocimos a Beba, Inés, Lolin. Beba falleció hace unos años, Inés nos dejó el año pasado. Todavía tenemos a Lolín hermosamente llegando casi a sus 100 años y con la lucidez y la coherencia de siempre”, dice emocionada.
Desde las 20:30 horas, la universidad abrirá sus puertas para hacer un recorrido por la lucha de las Madres. “Habrá videos, fotografías y música. Ellas siempre han querido su nombre ligado a la alegría y a la voluntad de lucha”, comenta Marina. También harán un saludo los organismos de derechos humanos de la región, con quienes siguen organizando la pelea contra la impunidad de ayer y de hoy.
“Esperamos ser muchos y muchas porque, en tiempos como estos, si hay algo que nos han dejado las Madres como legado, además de la coherencia, es el no bajar los brazos. Ellas siempre repiten: ‘Ni un paso atrás', y de eso se trata, también de buscar juntarnos con otros y con otras para resistir y para luchar”, concluyen el Grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000.
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Chubut: sumá tu firma por la absolución de los vecinos condenados por luchar
29 de abril, por Luchar no es delito — Sociedad, Chubut, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Absolución, Chubut , Derecho a la protesta, Sociedad, Chubut, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Absolución, Chubut , Derecho a la protestaSumá tu firma por la absolucion de los vecinos que pelearon por el agua en 2021 y fueron condenados por luchar en defensa del agua y los territorios.
Publicamos a continuación el petitorio que exige la absolución a los 6 vecinos condenados por luchar en defensa del agua y los territorios en diciembre de 2021 cuando la legislatura votó la zonificación minera que impulsaban Arcioni, el Frente de Todos, la oposición de derecha y las multinacionales mineras.
Firmá acá
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“Mirta, un siglo de dignidad”: presentación del libro en la UNSaM homenajeó la vida y la lucha de Mirta Acuña de Baravalle
28 de abril, por San Martín — Cultura, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), Mirta Baravalle, Cultura, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), Mirta BaravalleEl viernes 25 de abril y con una sala colmada, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) fue sede de una conmovedora actividad en homenaje a Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al cumplirse cien años de su nacimiento.
El libro “Mirta, Un siglo de dignidad” se presentó en el Teatro Tornavías y reunió a decenas de personas, entre estudiantes, jubilados, referentes de organismos de derechos humanos, trabajadores militantes sociales y personalidades del ámbito político.
La idea de realizar el libro surgió en la ronda de los jueves como necesidad de reflejar la historia y recorrido de vida de quien fuera una de las Madres que tanto aportó en la búsqueda por memoria, verdad y justicia. Publicado por Ediciones Desde el Pie es una construcción colectiva y producida por Laura Jara Suazo, Rodolfo Grinberg, Armando Pacheco y Luciano D'Addario, recorre la historia de lucha de Mirta Acuña de Baravalle, quien en 1976 comenzó la búsqueda por la desaparición de su hija Ana Maria Baravalle, su yerno Julio César Gallizi y su nieta o nieto Camila o Ermesto.
La presentación fué un emotivo encuentro que destacó la importancia de la lucha por los derechos humanos y la memoria en la Argentina. Su hijo, Gerardo Baraballe, desde España, dedicó unas palabras cargadas de fuerza y afecto. También Ana Acuña y Guillermo, hermana y sobrino de Mirta relataron con mucha ternura sobre sus principios, valores y humildad que tanto la caracterizaban.
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Estuvieron presentes como invitados junto a los autores Elia Espen (Madre Línea Fundadora), Elsa Pavón (fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y Abuela de la nieta recuperada Paula Logares), Victoria Moyano (Nieta recuperada), Marta Acuña (hermana de Mirta), Luis Zamora (Dirigente Político/Abogado en juicios de Lesa Humanidad). Desde Colombia Yohana Lopez Almeida, integrantes de nietos y nietas. Myriam Bregman (Dirigenta del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, una de las fundadoras del CeProDH y abogada en Juicios de Lesa Humanidad) junto a Matías Aufieri también abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos quien encabeza una de las primeras querellas contra Patricia Bullrich luego de haber perdido la visión de un ojo en la represión del 1° de febrero del 2024 .
Myriam subrayó el carácter político de la figura de Mirta: “Mirta era coherencia, nos ha enseñado a pensar y saber en que lado ponerte en cada discusión. La recuerdo en cada lucha de trabajadores en cada corte, en la Panamericana". También hizo alusión al contexto actual: “llaman a los represores ex genocidas y está mal. No nos dicen dónde está Ana Maria y Julio Cesar, sa lucha hay que seguirla. A la juventud que continúe esa lucha". Myriam destacó la valentía de Mirta que junto a otras madres y abuelas alzaban la voz en plena dictadura “difícil la tenían ellas que salían a luchar cuando estaban los genocidas sueltos, ellas nos enseñaron que en los momentos mas difíciles podían pelearla".
Estamos en la presentación del libro "Mirta, un siglo de dignidad", en homenaje a Mirta Baravalle, fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Junto a Elia Espen, Elsa Pavón, Vicky Moyano, Luis Zamora, entre otros luchadores y luchadoras, y organismos de derechos humanos. pic.twitter.com/KAWRJCtIMB
— Myriam Bregman (@myriambregman) April 25, 2025
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Por su parte y al acercarse a la mesa Elsa Pavón expresó "Mirta junto con Chicha eran los motores de la institución, ella dormía en abuelas. Tenía una ética inclaudicable, no hay palabras para describirla, yo estoy enormemente agradecida en nombre de mi nieta Paula". A su vez Elia Espen compartió “a Mirta la conocí dando la vuelta a la casa de Gobierno en aquellos años, todavía no teníamos pañuelos y éramos poquitas, lo que teníamos era la certeza de estar buscando a nuestros hijos, hijas y nietes”. Con mucha emoción agradeció a Mirta por su lucha, compromiso y afecto que supo transmitirle en los momentos más difíciles.
Junto a ellas, quienes participaron también sumaron relatos, lecturas y reflexiones en torno al libro y la figura de Baravalle, recorriendo momentos claves del movimiento de derechos humanos desde la última dictadura hasta la actualidad. Victoria Moyano, nieta recuperada la recordó con profunda admiración y gratitud, destacando su incansable búsqueda: "nos buscaron y encontraron". Además, resaltó la visión independiente y la firmeza de principios de Mirta, quien se mantuvo firme en su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Victoria definió a Mirta como "la mujer de los principios inquebrantables", subrayando su personalidad amorosa y compasiva.
Su hermana Marta y otros referentes recordaron a Mirta como una persona comprometida y dedicada, que "reconstruyó historias" y dio voz a las voces colectivas de aquellos que buscaban justicia. Destacaron su compromiso y valentía, señalando que "ella era de un perfil muy bajo, pero eso no significa que no ponía el cuerpo". Su mirada crítica y su compromiso con la verdad la convirtieron en un referente para todos.
Un libro necesario para un tiempo urgente
El libro “Mirta. Un siglo de dignidad”, elaborado por Ediciones Desde el Pie, reúne entrevistas, crónicas, testimonios y documentos que recorren la vida de Mirta Baravalle desde su juventud hasta su activa militancia en Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En el emotivo encuentro se destacó la importancia de la lucha por los derechos humanos y la memoria en la Argentina.