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  • Un misterio llamado Cecilia Giubileo: a cuarenta años de su desaparición

    16 de junio, por 16 de junio de 1985 — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Es uno de los mayores enigmas de la historia criminal argentina. El 16 de junio de 1985, la doctora Cecilia Giubileo tomó su guardia en el hospital psiquiátrico Montes de Oca de Luján y nunca más se la volvió a ver. Hubo todo tipo de hipótesis, la mayoría absurdas. Los archivos de inteligencia de la Policía Bonaerense a los que accedió La Izquierda Diario.

    Estaba llena de barro: los pies, las manos, la cara. Se estaba hundiendo en esa ciénaga pestilente que ocupaba casi veinte de las 266 hectáreas de la colonia. Y mientras más se esforzaba por salir, más profundo calaba en el inmenso lodazal. Muchos la miraban pero nadie hacía nada para rescatarla. Quería pedir ayuda, quería gritar antes de que su boca empezara a tragar tierra. De golpe, se incorpora. Y la pesadilla por fin acaba.

    No es la primera vez que tiene ese sueño horrible y tampoco le parece una casualidad. Es domingo, faltan seis días para que comience el invierno, pero el frío ya se adelantó al calendario. El día no la obliga a madrugar: su primer compromiso será recién a la noche, cuando tenga que tomar su guardia en la Montes de Oca . Era la última vez que dormiría en su departamento de Luján.

    Aquel 16 de junio de 1985 por la noche, la doctora Cecilia Giubileo encaró con su Renault 6 hacia la Colonia Montes de Oca , un hospital psiquiátrico para dos mil enfermos mentales de ambos sexos en la localidad bonaerense de Torres. Firmó en su ficha personal el ingreso a las 21.15 horas. Poco después firmó el acta de defunción de una interna de 23 años que había fallecido, recetó un antifebril, charló con algunos internos y acudió a atender de urgencia una urticaria en un pabellón.

    Concluidas esas tareas, se retiró a la casa la médica del lugar. Un paciente con el que tenía confianza la acompañó a campear los 500 metros de oscuridad que la separaban hasta la vivienda interna. Había pedido tres cigarrillos para acompañar la vela leyendo, así ninguna emergencia la encontraba dormida. La medianoche se estaba imponiendo y no volverían a solicitarla hasta el sol del lunes. Cuando un compañero fue en su búsqueda en esa nueva mañana, la puerta de la casa médica estaba cerrada con llave. Pero adentro ya no había nadie.

    La primera reacción administrativa de la colonia fue abrir un sumario interno por abandono de trabajo: aseguraban que Giubileo se había retirado bajo su voluntad y por sus propios medios. Sin embargo, su auto permanecía en el mismo lugar donde ella lo había dejado estacionado. Por diversos motivos, no hubo otros médicos de guardia esa noche. Todas las camas amanecieron prolijamente tendidas, incluso la de ella. Los únicos testigos de esa quietud inquietante fueron sus propios zapatos, quienes permanecieron en la base de la mesa mientras un grupo de albañiles pintaba paredes y corría cosas de lugar ese lunes, cuando fueron ordenadas tareas de mantenimiento en la casa médica.

    Cuando su amiga personal Beatriz Ehlinger hizo la denuncia policial por averiguación de paradero dos días después, ya era tarde: algunas evidencias se habían borrado para siempre por obra de esa sorpresiva remodelación.

    “Esa demora complicó el caso de entrada porque dificultó luego la recolección de pruebas en el último lugar donde se la vio”, cuenta Marcelo Parrilli, exabogado de la familia Giubileo. “El caso se manejó burocráticamente –explica–, esperando que las pruebas llegaran al mostrador. No hubo una ofensiva investigadora. La Policía caracterizó que ella se había ido por su propia voluntad y eso evitó haber podido recoger de entrada pruebas que a lo mejor existieron, a lo mejor no, pero nunca se pudo saber”.

    El caso resonó por la espectacularidad de las hipótesis, pero también por otro hecho igual de alarmante: la desaparición de una persona en democracia y la imposibilidad que el Estado, a través de sus determinados instrumentos y herramientas, manifestó por hallarla.

    Bajo las órdenes de Carlos Galloso, juez penal del Departamento Judicial de Mercedes, comenzaron a trabajar en la causa la Delegación de Inteligencia y la Brigada de Investigaciones de la misma ciudad, la División Antisecuestros del Puente 12, la División Homicidios y Delitos Graves de Banfield y efectivos policiales de Luján.

    La paz rural de un pueblo de 1.500 personas sucumbió ante la invasión de policías, fiscales, ovejeros adiestrados y helicópteros que rastrillaban gran parte de las 266 hectáreas de la colonia, escudriñando salones, pastizales, bosques, construcciones abandonadas, sótanos, cloacas, pozos ciegos e incluso túneles subterráneos que habían sido concebidos a principios del Siglo XX para distribuir calefacción entre los pabellones.

    El caso escaló en los medios de manera entre cinematográfica y sensacionalista. Muchos recuerdan la cobertura amarillista de José de Zer para Canal 9, quien intentaba ir más rápido que la investigación conjeturando teorías que no gozaban de gran sustento jurídico. Ante el secreto de sumario, teorías de todo tipo pretendieron calmar la sed de información.

    Desde la colonia seguían sosteniendo que se había retirado por sus propios medios. Algunos hablaron de una secta en Colombia, otros de un inesperado escape frente al conflicto pasional con una compañera de trabajo, o incluso de la venganza de una novia celosa, línea en la que la investigación intentó insistir únicamente por los chismes que circulaban en algunos pasillos de la colonia.

    En el banco, sin embargo, informaron que su cuenta no había registrado movimientos, mientras que la Policía encontró en su departamento de Luján una caja de maicena con tres mil dólares. El Renault 6, en tanto, permanecía bajo custodia policial. Los que se preguntaban adónde podría ir sin dinero ni vehículo comenzaron a poner la mirada contra Montes de Oca y Open Door , dos colonias psiquiátricas a diez kilómetros una de la otra y en las que Cecilia Giubileo trabajaba .

    El ingreso principal estaba fiscalizado por un guardia que movía la barrera a su arbitrio, siempre y cuando el sueño no lo sorprendiera desparramado en su silla. “La desaprensiva actitud de este empleado deja la incertidumbre de si la doctora pudo salir por sus propios medios o ser sacada por la fuerza por el puesto principal y única salida del Instituto”, razona en un documento de aquel mes de junio de 1985 un agente de la Dirección de Inteligencia de La Bonaerense.

    La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) siguió en esos tiempos muy de cerca un caso que había tomado notoriedad pública a la par del Juicio a las Juntas Militares que en simultáneo se estaba desarrollando.

    Aunque su condición de insano viciaba de nulidad toda declaración, el paciente que acompañó a Giubileo a la casa médica aquella noche dijo que, mientras regresaba a su pabellón, observó cómo un auto negro avanzaba hacia donde moraba la médica. Una interna, en tanto, fue encontrada desnuda días más tarde en una casilla rural, donde había sido violada y abandonada por un grupo de personas. Aseguraba haber visto a la doctora atada y golpeada, pero no se encontró ninguna prueba. El inmenso cerco perimetral que encerraba a la colonia ofrecía accesos alternativos en aquellos límites alejados del casco central a los cuales se podía llegar fácilmente desde infrecuentados caminos de tierra.

    Semanas después encontraron el departamento de la médica revuelto. Al poco tiempo apareció allí la cartera que tenía la última vez en la que fue vista. En ambas oportunidades, la vivienda estaba bajo custodia judicial. La colonia comenzó a recibir algunas visitas sospechosas por las noches, tres en total y todas ellas en la zona de enfermería. Además, varios de los allegados a Giubileo confesaron haber sufrido amenazas anónimas. Entre tanta verborrea, el silencio se hizo oír. ¿Qué es lo que no se podía decir?

    La mamá de Cecilia Giubileo señaló el nombre y apellido de una enfermera que había amedrentado a su hija semanas antes por cuestiones que no quedaban claras sin eran profesionales o personales. Luego los medios comenzaron a hablar de Mabel Tenca, una profesional de Montes de Oca que fue citada a declarar varias veces y siempre se negó a hablar con la prensa. Además, la madre de la médica testimonió que en los días posteriores a la desaparición de su hija recibió varias llamadas que se cortaban cuando ella atendía.

    En la primera semana del caso, en tanto, una pareja de la localidad de Torres vivió una situación macabra: al teléfono, una voz femenina les dijo que la médica ya no se iba a presentar al consultorio que tenía en esa localidad. A través de EnTel, la compañía estatal de comunicaciones, la investigación logró saber el origen de la misma: había sido efectuada desde Open Door , la otra colonia psiquiátrica en la que Giubileo trabajaba. Sin embargo nadie se hizo cargo.

    En abril de 1985, un senador bonaerense había presentado un informe sobre unos extraños contratos de arrendamiento en tierras de ese neuropsiquiátrico, situación que también volvió a repetirse hacia 2010, cuando varios empleados advirtieron plantaciones de soja en fértiles hectáreas de la finca.

    Los rumores fueron imprecisos, pero igualmente espeluznantes: a falta de información oficial, se impuso la idea de que la médica estaba investigando una supuesta red de tráfico de órganos, córneas y sangre que operaba clandestinamente con los internos, muchos de los cuales eran depositados por familias pobres que jamás los reclamaban, o directamente derivados desde otros lugares del país sin mayores datos y erraban en la soledad rumbo a una muerte lenta como ignotos NN.

    Incluso se comentó que había acopiado frondosos biblioratos que la volvían una persona inquietante para ciertos intereses espurios. Un grupo de cuarenta empleados de Montes de Oca salió a contraatacar a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Salud y Acción Social en el cual dudaban de la buena fe de quienes colocaban a Giubileo como la “investigadora de hechos delictuosos que sólo existentes en la mente de quien los inventó”, tal como indicaba ese texto.

    En el Juzgado de Mercedes hicieron saber su fastidio. Muchos estaban más preocupados por anotarse declaraciones estruendosas en los medios que, luego, no se animaban a sustentar en sede judicial. Pero el policial negro recargó sus tintas cuando el misticismo comenzó a tomar la posta en noviembre de 1985. Aunque en principio fue desmentido, una cinta de mala calidad llegó a la comisaría de Luján. En ella, alguien se presentaba como Cecilia Giubileo y pedía que no la buscaran más porque estaba bien, rodeada de amigos y con la paz que tanto había buscado. Las fuentes aseguraban que la grabación fue producida en una sesión espiritista. El comisario Luis Lencinas no lo había comunicado al juez Galloso, quien se enteró de esto por artículos periodísticos y lo citó a declarar urgentemente.

    Mientras se peritaba infructuosamente el material, dos parapsicólogas decían visualizar un cuerpo en el fondo de un tanque de agua idéntico al de la colonia. Las había presentado José de Zer, que en su cobertura se aventuraba a establecer hipótesis sin demasiado fundamento. El juez autorizó el vaciamiento de los 500 litros de agua y los especialistas que se encargaron de la tarea hallaron un gato muerto.

    Marcelo Parrilli propuso algo más real y también más difícil: drenar la inmensa ciénaga que, de tanto en tanto, escupía algún interno sin vida. “Si supuestamente la mataron en la colonia y querían ocultar su cuerpo, ése era el lugar ideal. Dijeron que no había fondos para el drenaje. Una barbaridad, como también es una barbaridad que exista una ciénaga en un lugar donde hay desplazamiento de gente, más aún en un instituto de salud mental”, sostiene el abogado.

    “A medida que la prensa deje de hostigar a los testigos y merodear por los lugares donde se mueve el personal policial, pueden surgir nuevos y positivos indicios que marquen con claridad los pasos dados por la víctima”, asegura un policía en un documento secreto de inteligencia fechado en septiembre de 1985. Es curiosa esta estrategia de señalar al periodismo como obstáculo, habida cuenta de que algunos cronistas contaban por lo bajo con contactos directos con fuentes de la investigación que les revelaban secretamente algunos de los movimientos de la causa.

    Con todo, para 1986 la investigación ya estaba en terapia intensiva. “Obtener datos fue muy difícil porque, en general, la gente de la colonia no hablaba”, recuerda Parrilli. “Había muchos problemas de corrupción interna, de todo tipo, y se mantenía una suerte de equilibrio biológico en el cual ‘si me mandás al frente a mí, yo te mando al frente a vos, yo robé esto pero vos aquello, yo le pegué a este interno y vos a aquél, yo violé a esta interna y vos a la otra', cosas así”.

    Y no sólo eso: “Algunos empleados también estaban trastornados. Te daban datos según el humor con el que los agarrabas y, de esa forma, no tenías un punto de referencia en el cual hacer pie. En ese marco fue difícil establecer si las cosas sucedieron por un delito, falta de recursos, desidia, imprudencia o porque alguien quiso que ocurrieran de determinada forma. Todo era posible. Lo más ‘prolijo' es que la hayan matado esa misma noche y la hayan tirado en la ciénaga. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Imposible saberlo: nunca pudimos encontrar nada”.

    “La desaparición fue un tema personal y extrahospitalario”, sostiene Julio Acedo, compañero no médico de Giubileo en Montes de Oca y Open Door , quien reproduce una sospecha compartida con varios excompañeros: “Yo creo que está viva y no sé si en el país”. A Francisco Merino, novio de Cecilia y luego muy amigo de ella, le sorprendió el repentino silencio de su familia cuando la causa naufragaba invariablemente: “Tiempo después de la desaparición vi a uno de sus hermanos y me dijo ‘yo no sé nada'. No sé qué habrán pensado, o si a lo mejor estaban amenazados”.

    Por falta de pruebas o desidia investigativa, la carátula de la causa que en su momento fue de “supuesta privación ilegítima de la libertad”, luego varió a “búsqueda de paradero”. Más de mil personas habían engrosado un expediente de 700 páginas sobre el que ninguno de los jueces que desfilaron por el Juzgado 2 de Mercedes pudo pronunciarse antes de que la prescripción, en 2000, lo archivara definitivamente. Para la estadística, Cecilia Enriqueta Giubileo es apenas una de las 25 personas que en Luján desaparecen anualmente sin dejar rastros. Para la historia argentina, un misterio inalterable al paso del tiempo.

    Tráfico de órganos: la eterna sospecha

    Cecilia Giubileo había vivido mucho tiempo en Córdoba y anduvo por varias localidades de Buenos Aires antes de establecerse en Luján. También alquiló un departamento por Recoleta a principios de la década de 1980 para estar cerca de donde cursaba alguna de las especializaciones que estudiaba. Estaba divorciada, sin hijos y la relación con su familia era constante, pero fría.

    Cultivó unas cuantas amistades porque, al fin y al cabo, era una persona dada, agradable y muy inteligente. Pero también discreta. “Tenía una forma de ser muy particular. Era amiguera, entradora, pero no contaba toda su vida. En ese sentido, era muy callada”, recordó su excompañera de facultad y amiga personal Teresa Merino.

    En cambio Francisco, el hermano mayor de Teresa, había logrado ingresar en la intimidad de Cecilia. Fueron novios durante ocho años y, luego, sucedió lo que no es habitual: una amistad profunda y sincera. De esas noches de confianza, Francisco Merino recuerda las veces que le decía que “el trato a los enfermos mentales era desastroso”.

    Todas las charlas por teléfono fueron iguales. Menos la última: “Allí me contó que en la colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Me dio a entender que a los muchachos les sacaban las córneas y luego los mataban en una caldera. También hablaba de órganos. Estaba muy asustada”, recordó Merino unas décadas después. “Veníamos de la dictadura y yo le dije que no se involucrara en líos, que vivamos tranquilos porque hay organizaciones con las que es muy difícil meterse y al que jode, lo matan”. Giubileo desapareció una semana después de la última charla con Francisco.

    Tiempo después Merino se convirtió en camarista de la localidad cordobesa de San Francisco y se arrepintió de no haberse presentado a declarar. “La había pasado muy mal durante la dictadura y sentí mucho miedo de hacerlo”, se excusó ante este periodista.

    Pero para Julio Acedo, excompañero de Giubileo y actual referente gremial de ATE Luján, la historia no cierra en absoluto. “Un órgano no es una caja de chicles que se compra en un kiosco. Para un óbito orgánico hacen falta un lugar personalizado, recurso humano especializado y compatibilidad genética. En ningún pabellón de la colonia se puede ablar órganos porque sería para tirarlo a los chanchos”.

    El abogado Marcelo Parrilli coincide, aunque observa: “En la colonia no había capacidad quirúrgica, ni médica, ni farmacológica, ni higiénica como para hacer absolutamente nada. Es estúpido decir que había tráfico de órganos ahí. En todo caso, era más probable que hubiera tráfico de personas: tranquilamente podías llevarte un tipo y, al mejor estilo del desarmadero de Warnes, sacarle los órganos donde a vos se te ocurriera sin que nadie se enterase, ya que cualquier chacarero debía tener más control sobre sus gallinas que el que tenía la colonia con sus internos”.

    Florencio Sánchez, un director polémico

    Florencio Sánchez era muy estimado en Luján e incluso hoy muchos lo recuerdan como un gran hombre de la comunidad. Los que vinculan la desaparición de Cecilia Giubileo con el tráfico de órganos tampoco lo olvidarán. Es que el director de la colonia siempre sostuvo la idea de que la médica se había retirado por sus propios medios y muchos creen que sus maniobras fueron las que enturbiaron la investigación.

    Judicialmente salió ileso, aunque una causa posterior lo llevó a la cárcel por irregularidades en su administración. Murió el 10 de julio de 1992 en el penal de Mercedes, aunque en sus cinco meses de cautiverio llegó a escribir “El desnudo de la inocencia. La verdad sobre la Colonia Montes de Oca ”, una obra póstuma editada por Galerna. Prologado por Vicente Galli (director nacional de Salud Mental de Raúl Alfonsín, es decir, en la época donde desapareció Giubileo), el libro pretendió ser una defensa en vida de quien abre el primer capítulo preguntándose: “¿Por qué yo?”.

    Inteligente como pocos (además de psiquiatra, era médico legista y sanitarista, cirujano, criminalista y antropólogo), Sánchez destacó con un atrapante tono literario su gestión al frente de Montes de Oca , que había comenzado en 1977. Reconoció que “algunas máximas figuras del gobierno militar tenían o habían tenido hijos con deficiencia mental, uno de ellos internado en la Montes de Oca varios años hasta su deceso”. No ofreció nombres, aunque Página|12 confirmó en 1998 que se trataba de Alejandro, el hijo discapacitado de Jorge Rafael Videla.

    Al caso Giubileo le dedicó unas escasas seis páginas, donde reflotó su supuesta vinculación con grupos guerrilleros: dos cuñados militantes del ERP desaparecidos que eran hermanos de Pablo Chabrol, su exmarido. “¿Por qué nadie expresó opiniones sobre el antecedente subversivo?”, dijo Sánchez, quien deslizó la teoría de que la médica había obtenido cargos públicos en Montes de Oca y Open Door durante la dictadura “por revelar algunos conocimientos del tema subversión”. También se refirió a ella como una mujer con “actitudes extrañas de tipo autista” y “signos esquizofrénicos en su conducta”.

    ¿Sabía algo más? Nunca pudo contarlo. Cuando el libro fue finalmente publicado, él se había llevado todo el misterio de su muerte gritando por su inocencia hasta el fin de sus días.

    La desinteligencia de la inteligencia

    Según archivos de la Dippba a los cuales pudo acceder La Izquierda Diario a través de la Comisión Provincial por la Memoria , hubo sobre el caso una tarea de espionaje igual de desorientada que la propia investigación judicial. Así se puede advertir a través de las diversas teorías que los agentes van postulando en los numerosos documentos que, en total, superan las 500 fojas.

    “En cuanto a la investigación policial, se ha ido probando y descartando cuanto indicio ha aparecido en el curso del trabajo”, dice un memo del propio junio de 1985, mes en el que Giubileo es vista por última vez. El comisario Luis Angel Carrizo, encargado de la mayoría de los reportes a la Dippba, refiere a “relaciones lesbianas con dos mujeres de Campana” y una “actitud similar con la otra”. Luego, agrega que “también existen confirmaciones por testimonios que la doctora era adicta a las drogas, y de allí su aspecto raro”.

    La estrategia no llama la atención a quien acostumbra a revisar esta clase de archivos: es una costumbre de los organismos de espionaje cargar la culpa de la desaparición en la víctima a través de una serie de prejuicios aceptados por las sociedades de ese momento.

    Sin embargo, no había línea alguna entre los atribuidos vínculos y consumos de Cecilia Giubileo con su desaparición. Por eso, semanas más tarde los documentos de inteligencia alimentan otra hipótesis: “A medida que avanza la investigación, cobra más cuerpo la posibilidad de que el desencadenante de este misterioso hecho se haya producido con fines políticos extremistas”. El razonamiento surgía porque los dos excuñados de Giubileo eran militantes del ERP y permanecen desaparecidos, aunque eso había ocurrido prácticamente diez años antes de la última vez que la médica había sido vista.

    “De las continuas declaraciones que se reciben, surge que se trata de una excelente profesional, responsable, muy introvertida y que gozara del aprecio de todos los internados, esto último poco común”, reconoce otro agente de inteligencia de La Bonaerense.

    Conforme avanzaban los meses y las tareas tanto policiales como judiciales no lograban ningún tipo de información, los agentes de la Dippba empieza a descartar una por una las hipótesis que postulaban los medios. “Se descartan los móviles políticos, también el trasplante de órganos y la fuga por sus propios medios, ya que el entorno de la colonia vuelve imposible que la doctora lo hubiera hecho sin ser advertida”, escribe un espía en un documento de octubre de 1985. “Si la médica estas dentro de la colonia, sin dudas que es sin vida. De lo contrario, fue sacada de la colonia por medio del engaño o de la violencia”.

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  • La Policía de la Ciudad desalojó el acampe en las inmediaciones de la casa de CFK

    15 de junio, por No a la proscripción y represión — , , , , , , , , , , ,

    En la madrugada de este domingo, las fuerzas a cargo de Jorge Macri avanzaron violentamente contra los manifestantes que se encontraban de forma pacífica en la puerta de la casa de la expresidenta desde la noticia de la escandalosa condena. La proscripción política se sostiene con represión.

    Entre las 2:30 y las 3:00 de este domingo, un operativo con más de 160 efectivos de la Policía de la Ciudad desalojó violentamente la manifestación pacífica que se llevaba a cabo en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Constitución.

    Al amparo de la noche y en forma brutal secuestraron, de acuerdo a lo que informó la vocera del gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, gazebos, sillas y mesas. Pero, además, en sus palabras "limpiaron" las paredes de pasacalles, banderas y cartelería.

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    Desde el día que se conoció el fallo de la Corte que condena a la ex presidenta a prisión y la proscribe políticamente, en un hecho que responde a los intereses de sectores del gran capital y la embajada, se había instalado un virtual acampe en la esquina de San José y Humberto 1° en su apoyo y en rechazo a la antidemocrática decisión.

    Sin embargo, en la madrugada de este domingo, el Gobierno porteño avanzó sobre los manifestantes porque la proscripción política se sostiene con represión.

    Como dijeron los dirigentes del PTS que estuvieron presentes en la reunión en el PJ el pasado viernes, "el gobierno de Milei necesita este fallo de la Corte y el recorte a las libertades democráticas y el derecho a la protesta para ir a fondo con el plan de ajuste contra el pueblo trabajador que dicta el Fondo Monetario Internacional. Por eso, ante semejantes enemigos, es necesario contraponer la fuerza de la clase trabajadora y los sectores populares, como ya lo demostró el paro del 10 de abril, con una paro general activo de todas las centrales sindicales, que sea el inicio de un plan de lucha con movilización, hasta derrotar la proscripción y el ajuste del gobierno y el imperialismo norteamericano, contra el pueblo trabajador".

    Te puede interesar: ¿Qué propone el PTS contra la proscripción y la condena a Cristina Kirchner?

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  • Renuevan pedido de justicia a tres años de la muerte de Ezequiel Castro

    14 de junio, por Córdoba — , , , , , , ,

    Se cumplen tres años desde que Ezequiel Castro muriera en el Hospital Misericordia de Córdoba, con fuertes golpes, luego de estar detenido en dependencias policiales. Reproducimos comunicado enviado por familiares y amigos denunciando el accionar policial y judicial en la investigación de la causa. Anuncian también un homenaje para el próximo 19 de Junio.

    A 3 años del asesinato de Ezequiel ¡Seguimos exigiendo justicia! Necesitamos una
    investigación eficiente y que avance en pos de la justicia.

    Hace 3 años asesinaron al Eze, la policía lo detuvo sin causa alguna alegando después q
    era por brote psicótico y lo trasladaron al Centro Psico Asistencial (CPA), una institución de
    salud mental que depende de la Secretaría de Salud Mental de la Provincia de Córdoba, a
    cargo de la Lic. Licenciada en Psicología Maria Pia Guidetti. detrás del EP9.

    Lo buscamos durante 4 días, en tribunales nos decían que la liberación del Eze ya estaba dictada y en el CPA no nos daban información. Lo encontramos internado en el Hospital Misericordia con
    signos de torturas. Los médicos nos dijeron que antes de dormirse el Eze les pidió que por favor no lo dejen volver ahí porque lo habían torturado. Falleció el 14 de junio del 2022.

    Desde entonces le exigimos al Poder Judicial un proceso penal que respete los tiempos y nos dé respuestas. Que se haga la correcta investigación, que los responsables paguen por lo q hicieron queremos saber que paso con Ezequiel. Exigimos justicia por nuestro hijo, amigo, hermano.

    La justicia no respondió a la altura, siempre nos dieron mil vueltas. La complicidad entre la
    policía, que siempre nos amedrentó, y el gobierno quedó en evidencia cada vez más. La
    inoperancia de las fiscales Silvia Fernandez y Jorgelina Gutiez fue total.

    Rápidamente nos encontramos en una lucha contra un sistema que a veces se hacía el
    ciego o el sordo.

    Golpeamos todas las puertas, hace 1 año presentamos un petitorio para ser recibidos por el
    Fiscal General Juan Manuel Delgado acompañado de escritos de Amnistía Internacional y el
    Comité Nacional para la Prevención de tortura.

    Fue en las puertas de Tribunales II exigiendo justicia, peleando por saber qué le pasó a Ezequiel que nos encontramos con familiares de otros pibes que estaban en la misma situación que nosotros, algunos llevaban más de 10 años luchando. Unirnos con otras familias de víctimas de gatillo fácil, de desaparecidos de manera forzosa por el estado y de personas torturadas y muchas veces asesinadas dentro del sistema penitenciario nos dio una fuerza inconmensurable.

    Así conocimos a la familia de Matias Mariño, quien se encuentra en estado vegetativo por las torturas recibidas en el mismo lugar y descubrimos que en su causa algunos de los imputados son los mismos que en nuestro caso, demostrando que en el CPA la tortura es una práctica sistemática.

    Son 27 los imputados por la muerte de Ezequiel Castro:
    A tenor del art. 80 del CPP: Agte. Melisa Olmos, el Of. Ayte. Emilio Campos, Sgto. 1° Ivana
    Gargas, Sgto. Cristian Farias, Of. Ayte. Pablo Vera, Of. Insp. Luis Barrionuevo, Of. Ppal. Diego Saya y a los siguientes profesionales del Centro Psico Asistencial: Laureana Vignolles, Ines Funes Gatto, Mónica Elizabet Rodríguez, Andrea Benito, Marcelo Díaz, Cristian Pereyra, María José Riquelme, Violeta Carranza, Ariel Caucota, Celeste Quassollo, Fabiana Parma, Juan Robledo, Beatríz Ortuño, Virginia Comba Gontero, Rubén Rincon, Ayelén Padilla, Alejandro Moyano, Néstor Lópes y Gabriel Tenedini.

    La primera fiscalia (Silvina Fernandez y Jorgelina Gutiez) nos cerraba la puerta en la cara
    durante dos años. Recién este año nos recibió el fiscal general Juan Manuel Delgado y
    conseguimos un cambio de fiscalía. Ahora estamos en la fiscalía Distrito 3 Turno 7 de Raúl
    Garzón.

    En Argentina, son más de 9 mil los casos de asesinatos por gatillo fácil, desapariciones forzadas y muertes dentro del sistema penitenciario según el último informe de la Correpi.

    En lo que va del gobierno de Milei se registraron 419 casos. En Córdoba tenemos la peor situación carcelaria del país con un 60% de sobrepoblación. En estos 3 años el CPA tiene mas de 200 casos por golpes, torturas y situaciones infrahumanas estructurales.

    La represión policial dio un salto en el marco de un gobierno nacional negacionista y con el protocolo de Bullrich. Ahora quieren discutir la baja de edad de imputabilidad y una reforma
    al Código Penal. Persiguen y reprimen a periodistas, jubilados. Atacan el derecho a huelga,
    nuestros salarios siguen siendo de miseria y Córdoba con Llaryora no se queda atrás. Con la situación penitenciaria en condiciones infrahumanas y con otras represiones, como la del cacerolazo en diciembre del 2024 cuando detuvieron estudiantes y periodistas.

    En este marco nuestra lucha está más viva que nunca y es clara:
    ¡QUEREMOS JUSTICIA POR EZEQUIEL CASTRO Y POR TODOS LOS PIBES ASESINADOS POR LA POLICÍA Y EL SISTEMA PENITENCIARIO!
    ¡Queremos que se investigue qué pasó y que nos digan la Verdad!
    ¡Queremos que los responsables tengan la pena que merecen!

    Es por todo esto que el 19 de junio vamos a realizar un homenaje al Eze, vamos a reparar
    la placa que pusimos el año pasado y recordarlo con mucho amor.

    Invitamos a todas las familias que atravesaron situaciones como estas, a los organismos de
    Derechos Humanos, organizaciones sociales, partidos políticos y autoconvocados a
    participar y acompañarnos en nuestra lucha.

    El 19 de junio en Belgrano 1500 (en la puerta de la guardia del Hospital Misericordia) a las
    10 hs.

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  • Un año sin Loan: entre la conmoción social y el fracaso de las mentiras de Patricia Bullrich

    13 de junio, por Corrientes — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    La ministra prometió buscar al nene de cinco años hasta en la panza de pumas y yacarés. Pero en un año no hizo nada. Hay siete procesados y más personas en la mira judicial, probablemente involucradas. Pero el pibe sigue desaparecido. El Estado es responsable y nadie paga por ello.

    Desde el 13 de junio de 2024 no hay rastros de Loan Peña, el pibe correntino que el 8 de mayo cumplió (¿habrá cumplido?) seis años. Luego de una comida familiar en la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal (Corrientes), fue a buscar el postre a un naranjal cercano. Iba con otros chicos y algunos adultos. Desde entonces, la familia denuncia su desaparición. “Me hace falta mucho mi hijo, él es mi compañerito más chiquito”, dice María, la mamá.

    La denuncia de la humilde familia, afincada por generaciones en un alejado paraje correntino, de vida “simple” y “común”, generó gran conmoción social. Durante semanas las grandes empresas periodísticas enviaron a sus mejores cronistas a cubrir la “noticia”. Móviles interminables, donde los retratos familiares se enredaban con un sinfín de hipótesis sobre lo que podría haber pasado, fueron parte de una verdadera cadena nacional en clave de sección Policiales.

    Como suele suceder, hubo nuevas noticias que fueron sacando el caso del centro de la escena. Las y los cronistas volvieron a Buenos Aires a cubrir nuevas desapariciones, muertes y demás acontecimientos de interés público. Todo en un país cruzado por constantes crisis económicas, sociales y políticas. Y con un Gobierno de ultraderecha para el que la vida de miles de hijas e hijos de la clase trabajadora valen menos que un bono en dólares.

    Un país en el que el Estado capitalista y sus gerentes llenan las cárceles de pobres a la vez que custodian y se asocian a los suculentos negocios del gran delito. Ni el más reaccionario defensor de la mano dura y el gatillo fácil puede negar que el narcotráfico, la trata de personas para explotación sexual o laboral, el robo y reventa de autos y motos, la piratería urbana a gran escala y demás zonas del crimen organizado cuentan con una sistemática protección de funcionarios políticos, comisarios, fiscales y jueces.

    Loan es una de las miles de víctimas cotidianas de ese entramado perverso en el que la posibilidad de vivir o morir depende de la voluntad secreta de un grupo de criminales de los que, seguramente, nunca conoceremos sus caras, sus nombres ni sus domicilios.

    ¿Fue entregado a otra familia y cambiada su identidad? ¿Quedó presa de una red de explotación sexual infantil? ¿Lo mataron por “necesidad” ya que era testigo de algo imposible de salir a la luz? A la conmoción por su ausencia, la sociedad suma dolorosas preguntas que, al menos hasta hoy, desde el Estado nadie responde.

    Imagen NEA Hoy
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    Incógnitas y silencios

    “Por favor hablen, digan de una vez dónde está Loan, qué pasó ese día”, responde María cuando una periodista de Infobae le pregunta qué les diría a quienes se encuentran presos y sospechados de haber participado de la desaparición de su hijo. Son siete procesados, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño. Están a las puertas de ser sometidos a juicio.

    Es probable que alguno de ellos sepa mucho más de lo que dice. Tanto la tía Laudelina Peña y su pareja Antonio Benítez, como Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava y su pareja Carlos Pérez (capitán retirado de la Armada) y el excomisario Walter Maciel quedaron en el ojo de la tormenta por sus dichos, sus actitudes y, sobre todo, sus silencios.

    Según el expediente, hay coincidencias entre la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, el fiscal federal de la misma ciudad Mariano de Guzmán y sus colegas de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Para ellos hubo un “plan coordinado” para secuestrar a Loan, que incluía el distractivo relato de que “se perdió”. El hallazgo de una de sus zapatillas en un lodazal cercano fue, dicen, “una falsa noticia” para despistar.

    “En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, afirman les investigadores. Pero en su reconstrucción de los hechos apenas llegaron a conclusiones parciales. Como que Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi habrían sido quienes “alejaron del cuidado de su padre a Loan durante el almuerzo” y “lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance”. O que el policía Maciel “montó un falso escenario de búsqueda” y otras maniobras para “entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

    Si ni siquiera en un año el Poder Judicial determinó fehacientemente quiénes hicieron qué cosa ese mediodía y los días subsiguientes, ¿cómo pretender que “descubra” el móvil del secuestro y, sobre todo, el paradero del chico?

    A lo anterior hay que sumar una causa judicial paralela en la que se investiga la “irrupción”, durante los días más calientes de búsqueda, de una decena de personas supuestamente vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy que aparecieron a “ayudar”. Los imputados son Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. El único actualmente preso es Soria.

    Según el expediente, ese grupo “retuvo a menores que estuvieron con el niño”, “manipuló sus declaraciones para entorpecer la investigación” y “defraudó a la administración pública”. Esa causa paralela también tiene, al parecer, destino de juicio oral y público. Se verá si son declarados culpables y si eso obliga a investigar más a fondo. Por caso, ¿quién y para qué los mandó a intervenir en el caso camuflándose de asistentes humanitarios?

    Miente tanto que… ¿algo quedará?

    “Ahora voy a ir con todo, voy a ir con buzos, voy a ir con personal de montaña que estoy trayendo… de monte, no de montaña… porque hay zona de monte… voy con buzos… ehh… ehhh… voy a ir con equipos rad… eh… radiológicos para ver si, eh, la panza de animales… ¡Voy a ir con todo! Y sí, porque hay que ir con todo… Hay yacarés, hay pumas, hay de todo en la zona”, dijo Patricia Bullrich en los estudios de LN+ el 27 de junio, a dos semanas de la desaparición de Loan.

    A esta altura de los acontecimientos, con un Gobierno que hizo de las mentiras y fabulaciones una razón de Estado, los delirios de la ministra de “Seguridad Nacional” ya cansan y aburren. Ni para meme sirven. Pero no se trata de lo que ella dice que va a hacer, sino de lo que efectivamente hace. Y especialmente de lo que no hace.

    Poco después de aquellas nefastas declaraciones de Bullrich (sobre las que su interlocutor, Eduardo Feinmann, creyó innecesario abundar), en La Izquierda Diario ya nos preguntábamos “¿por qué el Estado no quiere encontrar a Loan Peña?” Porque si algo quedaba claro en esas semanas de conmoción social y pantomima ministerial, era que la recuperación del niño era más probable como producto de una casualidad o un falla de sus secuestradores que por una acción decidida de quienes tienen en sus manos todos los recursos disponibles para encontrarlo.

    Allí decíamos que Bullrich “parece una mera espectadora y no se hace cargo de nada”. No nos equivocamos. Dijimos que Javier Milei se negó a recibir al padre de Loan en Buenos Aires pero se abrazó sonriente con el gobernador correntino Gustavo Valdés (de comprobados vínculos con algunos de los sospechados), quien poco antes había llegado a decir por la red X que el caso estaba “casi resuelto”. Y afirmamos que no era un caso aislado, ya que el pueblo de Corrientes salió a las calles a denunciar que el secuestro de personas y la extorsión a mujeres vulnerables para que entreguen a sus hijas e hijos son moneda corriente.

    A 365 días de la desaparición, el accionar del Estado nacional, provincial y local quedó al desnudo. Los largos meses en los que la gran prensa abandonó el caso sirvieron mucho a los intereses del poder político y, mucho más aún, de los criminales que secuestraron al pibe. Hoy, al recordarlo como una efeméride, ni siquiera le preguntan a Bullrich por su estrepitoso fracaso en la búsqueda.

    “Me preguntó por qué, para qué. Una criatura, un inocente. No se entiende esto. La verdad, es muy difícil, muy difícil. Pero no bajo los brazos. Voy a hacer todo lo que haga falta, voy a seguir con esto, voy a seguir porque yo quiero saber qué pasó, quiero encontrarlo”, le dice María a la periodista de Infobae. Palabras que suenan conocidas. Son casi calcadas a las de tantas otras personas que llevan años reclamándole a un Estado cómplice verdad y justicia por sus muertos y desaparecidos.

    En Argentina las denuncias sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos se cuentan de a cientos. La Línea 145, que atiende casos de trata, recibe miles de llamados por año. Buena parte de ellos involucraba a menores. Todo eso en un país donde la mitad de las y los que aún no cumplieron quince años vive en hogares pobres, muchos directamente en la indigencia. ¿Cuántos, como Loan, son presa fácil de cualquier red criminal protegida por funcionarios y policías?

    La trata es un negocio que, mundialmente, mueve decenas de miles de millones de dólares. Igual que el narco y otros grandes delitos, no puede funcionar sin la participación directa de agentes estatales y poderosos empresarios y banqueros encargados de “blanquear” esas rancias ganancias.

    Bullrich, sus “pumas” y sus “yacarés” les siguen debiendo a María y José la verdad sobre lo que hicieron con Loan. Para evadir toda responsabilidad, como en tantos otros casos, se refugian en “lo que diga la Justicia”, como si no tuvieran todos los fierros y el poder estatal para encontrar a un chico de cinco años. Su lógica es la misma de buena parte de sus antecesores. Pasó con Jorge Julio López en 2006, con Luciano Arruga en 2009, con Daniel Solano en 2011, con Santiago Maldonado en 2017, con Luis Espinosa y Facundo Castro en 2020, con Guadalupe Lucero en 2021.

    Como hace un año, insistimos en preguntar ¿por qué el Estado no quiso ni quiere encontrar a Loan? ¿Será que es una olla que no quieren destapar? Y mientras preguntamos, apostamos a multiplicar la movilización popular en las calles como factor clave para obtener verdad y justicia. Eso incluye no dejar de desenmascarar a todos los que participan de ese sistema criminal.

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    Foto Plan B Noticias

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  • Toma de escuela de teatro de Morón

    13 de junio, por Último momento — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El jueves por la noche, estudiantes de la escuela de Teatro de Morón realizaron una toma de las instalaciones. La medida continúa en estado de asamblea permanente. En el marco de una asamblea planificada para intercambiar la situación educativa, estudiantes debaten sobre el ajuste en la escuela pública, la problemática de falta de edificio propio, el recorte del gobierno nacional a la cultura y la salud. También denunciaron los ataques antidemocráticos como la proscripción de la justicia a CFK y la represión a jubilados, se solidarizaron con los y las trabajadoras del Hospital Posadas, que enfrentan cien despidos, y con todos los que luchan.

    El día miércoles y jueves estudiantes del profesorado de la Escuela de Teatro de Morón impulsaron asambleas para debatir sobre la situación educativa y cómo la crisis actual atraviesa a estudiantes y docentes. El espacio de intercambio fue abierto también a docentes.

    Al reclamo sobre condiciones de estudio, sin edificio propio y una crisis económica que afecta las cursadas, donde la juventud no tiene acceso al trabajo o en condiciones precarias mientras no se llega a fin de mes, se sumó el debate sobre la avanzada democrática con la proscripción a CFK, demostrando que la justicia quiere arrogarse un poder que no le corresponde. También estuvo presente en el intercambio la lucha de jubilados, la política represiva del gobierno y el ajuste en salud y cultura.

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    Las y los estudiantes se ponen de pie y se organizan democráticamente en asambleas y muestran el camino de la necesidad de salir a luchar. El profesorado de Teatro se suma a las acciones que se vienen dando en distintas facultades y escuelas secundarias de CABA, en repudio a la prospección a CFK defendiendo libertades democráticas de la población.

    Te puede interesar:Proscripción de CFK. Secundarios CABA: ya son 18 las escuelas donde se votó la toma y habrá más asambleas mañana

    Las asambleas se mantendrán y los estudiantes están evaluando la continuidad de medidas de lucha y posible coordinación con otros estudiantes de la zona. También enviaron apoyo a los trabajadores despedidos del Hospital Posadas que ayer 100 trabajadores recibieron la noticia y hoy estarán convocando a acciones.

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