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El gobierno de Milei suma $ 25.000 millones para espías y operaciones de inteligencia
7 de mayo, por Para la SIDE hay plata — Política, Libertades Democráticas, Espionaje, Columnistas Vertical , SIDE, Servicios de inteligencia, Luis Caputo, Espionaje ilegal, Santiago Caputo, Política, Libertades Democráticas, Espionaje, Columnistas Vertical , SIDE, Servicios de inteligencia, Luis Caputo, Espionaje ilegal, Santiago Caputo
Esos fondos extra (un tercio es para “gastos reservados”) equivalen a 84.000 jubilaciones mínimas o 28.000 salarios de enfermeras del Hospital Garrahan. Pese al tufo a estiércol de la SIDE, no es plata “tirada a la basura”. Como hicieron todos los gobiernos, es para financiar la campaña de LLA y armar operetas contra la oposición.
Este lunes el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la asignación de nuevas partidas presupuestarias a diversas áreas de la administración pública nacional. Vale recordar que al no haber un Presupuesto 2025 votado en el Congreso, todos los gastos del Estado se manejan a discreción por parte de Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y sus secuaces.
En la lista de dependencias favorecidas con fondos frescos figura nada menos que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) , organismo al que se le darán $ 25.250 millones. Un tercio de esos fondos, $ 8.017 millones, se destinarán a “gastos reservados”, es decir que no deberán ser “rendidos” por los espías, hagan lo que hagan con ese dinero.
Al igual que sucede con otras áreas estatales, especialmente las controladas desde la Casa Rosada por el asesor monotributista Santiago Caputo, el caso de la SIDE manejada por su alfil Sergio Neifert desmiente el verso mileísta de que “no hay plata”. En medio de una profunda crisis económica y social, con necesidades populares que se hacen cada vez más urgentes, desde diciembre de 2023 La Libertad Avanza tiene claras sus prioridades. Y las afronta “con la nuestra”.
Haciendo una sencilla comparación, la Decisión Administrativa 10-2025 firmada el lunes por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro Luis Caputo (tío de Santiago), le transfiere de un plumazo a la SIDE el equivalente a 84.322 jubilaciones mínimas (actualmente en $ 296.481,74). O también a 27.777 salarios de enfermeras del Hospital Garrahan ($ 900 mil es lo que cobra de básico quien ingresa a trabajar a ese prestigioso nosocomio pediátrico).
Extracto de anexo presupuestario según Decisión Administrativa 10-2025 pubicada en el Boletín Oficial Mientras el ajuste brutal precariza al extremo las condiciones de vida, salud y educación de la población trabajadora, les Milei y su banda refuerzan al máximo la represión y el control militarizado de las barriadas populares. Entre las áreas más beneficiadas con recursos públicos están los ministerios de Seguridad Nacional y Defensa, el Servicio Penitenciario Federal y la cloacal Secretaría de Inteligencia del Estado.
Al igual que lo hecho por todos los gobiernos que lo precedieron, las familias Milei y Caputo saben que el espionaje, mayoritariamente ilegal, es una herramienta privilegiada a la hora de lanzar campañas propias o de armar todo tipo de operaciones contra opositores políticos. Mucho más en épocas electorales. Y más aún si el propio Gobierno es políticamente débil y necesita atacar a sus adversarios con lo que encuentra a mano.
La Izquierda Diario ya te contó muchas veces por qué los servicios de inteligencia, más que los “sótanos” del Estado capitalista forman parte de sus cimientos. Lo hicimos acá, acá, acá y acá, para mencionar sólo algunos de nuestros aportes. Con la nueva asignación presupuestaria para los criminales de la SIDE, quienes llegaron al poder con el verso de la “honestidad” y la supuesta “lucha contra la casta”, demuestran una vez más para quiénes y para qué modelo de sociedad gobiernan. Hay que organizarse desde abajo, movilizarse masivamente y luchar con decisión hasta derrotar su nefasto plan.
Santiago Caputo (foto Antonio Becerra) y Sergio Neifert (foto X)
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El oficialismo logra dictamen para bajar la edad de punibilidad a 14 años con apoyo del PRO y la UCR
6 de mayo, por Congreso — Libertades Democráticas, Christian Castillo, Baja de la edad de imputabilidad, La Libertad Avanza (LLA), Libertades Democráticas, Christian Castillo, Baja de la edad de imputabilidad, La Libertad Avanza (LLA)
La Libertad Avanza, con el respaldo de sectores opositores dialoguistas, consiguió que el proyecto de reforma penal juvenil avance hacia el recinto. Por su parte, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de minoría en el que rechaza toda forma de criminalización de menores y exige, entre otras medidas, un mayor presupuesto para educación.
El oficialismo logra este martes un dictamen de mayoría que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, respaldada por 77 firmas, fue anunciada durante la reunión del plenario de comisiones dirigido por la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), una de las principales impulsoras de la medida. El tema se debatió en un plenario de las comisiones de Legislación Penal Justicia; Familia, Niñez y Juventud, y Presupuesto y Hacienda.
El dictamen de mayoría fue consensuado entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal. Mientras que la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y los cordobeses de Encuentro Federal firmaron en disidencia.
Christian Castillo, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, que presentó un dictamen de minoría desde su bloque, sostuvo durante el debate plenario que "esto es una bomba de humo, que no resuelve ningún problema. En los países donde se bajó la edad de punibilidad, no disminuyó la cantidad de delitos", y agregó, entre otros temas: "Nos quieren vender que el problema de la inseguridad urbana está provocado por las acciones que hacen las niñas, niños y adolescentes y no es así. Además, en los países donde se ha bajado la edad, no ha bajado la cantidad de delitos que se producen en esa franja etaria. Al contrario, aumentan. Se quiere transformar a las niñas, niños y adolescentes en un chivo expiatorio", concluyó.
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Claves del proyecto oficialista
El dictamen de mayoría establece que la edad de punibilidad: se reduce de 16 a 14 años.
Régimen para adolescentes: aplicable a jóvenes de 14 a 18 años, con posibilidad de detención en institutos especializados o, incluso, en áreas separadas de cárceles comunes, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos.
Penas alternativas: Incluye servicio comunitario y monitoreo electrónico para delitos con penas menores a 10 años. Permite prisión efectiva, con un máximo de 15 años (el oficialismo pretendía 20). Se descarta la prisión perpetua.
Aunque el proyecto ya está listo para su tratamiento en el recinto, persisten dudas sobre cómo se calcularán las condenas, lo que podría generar disputas al momento de la votación.
Con las firmas reunidas, el texto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Mientras el oficialismo celebra el avance como "una herramienta contra la inseguridad", organizaciones de derechos humanos y organismos, como por ejemplo Unicef, alertan sobre el riesgo de "endurecer la política penal sin atacar las causas sociales".Te puede interesar: Organizaciones de Neuquén contra la baja de la edad de punibilidad
Debate plenario
El debate reunió alrededor de 15 proyectos. Mientras la mayoría de las propuestas coinciden en reducir la edad de imputabilidad (algunas a 13 años como la del oficialismo), incluso sectores del bloque peronista de Unión por la Patria, como el massista Ramiro Gutiérrez, quien presentó un proyecto para bajar la edad a 14 años. Mientras otro sector, a través de la diputada Natalia Zaracho, rechazó la baja de edad de punibilidad y presentó un dictamen alternativo.
El debate reunió alrededor de 15 proyectos. La mayoría de las propuestas coinciden en reducir la edad de imputabilidad -algunas, como la del oficialismo, la fijan en 13 años-. Incluso sectores del bloque peronista de Unión por la Patria, como el massista Ramiro Gutiérrez, presentaron iniciativas para bajarla a 14 años. Por otro lado, un sector de ese espacio, encabezado por la diputada Natalia Zaracho rechazó la baja de la edad de punibilidad y propuso un dictamen alternativo. La negociación fue liderada por la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich,.
Como sostiene el Frente de Izquierda, la juventud no necesita más cárceles, sino que se le garanticen sus derechos fundamentales: educación, vivienda y una alimentación adecuada. Reducir la edad de imputabilidad es, en realidad, la confesión de un sistema que prefiere encerrar antes que asegurar estos derechos. Mientras el 58% de niñas, niños y adolescentes vive en la pobreza, la respuesta del poder es profundizar la represión. No es casualidad: el mismo gobierno que recorta el presupuesto social y ajusta según las directrices del FMI. Criminalizar a niñas, niños y adolescentes de los sectores populares es parte del plan.
Pero hay otra salida: la que nace de la organización. La única salida que necesitamos es cambiar todo este sistema de raíz.
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Directorio obrero en el Hospital Posadas en 1973
6 de mayo, por Hitos de resistencia — Cultura, Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Hospital Posadas, Cordobazo, Golpe militar en Argentina, Coordinadoras interfabriles, Cultura, Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Hospital Posadas, Cordobazo, Golpe militar en Argentina, Coordinadoras interfabriles
Se trata de uno de los hospitales más importantes del país que funcionó bajo gestión de sus trabajadores en julio del 73, en rechazo a los métodos del director y en defensa de un sistema de salud integral. Se organizaron en comisiones conjuntas con los vecinos del barrio Carlos Gardel.
En aquellos años, el aire del hospital se cargó de un nuevo pulso, un eco del ascenso obrero generalizado que había despertado el país desde el '69 con el Cordobazo. La militancia, antes un murmullo discreto en los pasillos, comenzó a generalizarse. Ya no era un secreto; las agrupaciones y partidos políticos encontraron voz entre las batas blancas y los uniformes. Y con esa voz colectiva, surgieron los reclamos. Día a día, en los recovecos del hospital, en los descansos fugaces, se hablaba de mejores condiciones de trabajo, de salarios dignos, y de la imperiosa necesidad de organizarse.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Esa inquietud prendió, y para fines de 1972 tomó forma tangible: la primera comisión directiva de ATE vio la luz. Allí estaban sentados a la misma mesa delegados de universos tan diversos como el peronismo, el Partido Comunista, el PRT, y también activistas independientes, unidos por un propósito común. Era un reflejo de la efervescencia del momento. Y a medida que la izquierda comenzó a tejer su influencia en el entramado gremial, una sombra de preocupación se cernió sobre la burocracia que veía tambalear sus cimientos.
El Posadas gestionado por sus trabajadores
La vida del hospital no se confinaba a sus pasillos y quirófanos; su pulso latía también hacia afuera. Una conexión vital comenzó a fundirse entre el Hospital y el Barrio Carlos Gardel, una relación construida desde abajo. Las puertas, aunque invisibles, se abrieron en ambas direcciones: rostros del barrio encontraron su lugar de trabajo en el policlínico. Y, a la inversa, trabajadores del Hospital que habitaban el barrio llevaron consigo, de vuelta a sus hogares, el eco de las discusiones sobre la necesidad apremiante de que aquel faro se abriera a la comunidad. Hablaban, con la crudeza de la experiencia diaria, de los vastos problemas de infraestructura que asolaban el barrio.
A pesar de que el Hospital en sus inicios atendía a pocos pacientes y se inclinaba fuertemente hacia la investigación, esa urgencia brotada del vínculo con el barrio lo transformó profundamente. Comenzó, con la fuerza de la relación tejida, a abrir sus puertas, construyendo un puente invisible entre la ciencia y la necesidad, entre el saber y la vida palpable del barrio.
Luego llegó un momento de quiebre, un julio particular. En rechazo a los métodos del director y la firme defensa de un sistema de salud integral, los trabajadores tomaron el Hospital. Una asamblea multitudinaria se congregó, un tercio de todos los trabajadores, de cada rincón, se unieron en un mismo reclamo. Votaron, con voz unánime, la exigencia de renuncia de la Dirección y el inicio de un proceso de apertura a la comunidad.
Se forjó un "Comité de los 6", un Consejo de Dirección transitorio, espejo de la diversidad, compuesto por tres médicos y tres trabajadores no médicos. En él hallaron espacio los distintos partidos políticos con militante en el hospital. La primera semana fue de asamblea permanente, un torbellino organizado que parió 20 grupos de trabajo. Removieron a los jefes más autoritarios, algunos con sombras de antecedentes en la Marina o el Ejército.
Durante esa autogestión, la coordinación con el barrio Carlos Gardel, el vecino silente, se estrechó. Un gesto tangible: eliminaron el cobro del Bono de Cooperadora para quienes allí vivían. Impulsaron, codo a codo, programas masivos que tejían salud y vida: vacunación, salud mental, educación sanitaria, anticoncepción y saneamiento ambiental. Dieron forma a equipos de trabajo interdisciplinario –médicos clínicos, obstetras, nutricionistas, enfermeras, trabajadoras sociales–, encargados de capacitar a líderes sanitarios elegidos por manzana en el barrio. La solidaridad se manifestaba también en actividades conjuntas, como arreglos en el parque o los festejos por el Día del Niño.
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La experiencia dura cerca de un año, hasta que en 1974, ya cuando también empieza a actuar la Triple A, un médico desplaza a Rodríguez Otero con una guardia armada y se hace cargo de la dirección. Para el año 75, los trabajadores del Posadas llevaron su experiencia más allá, participando en las coordinadoras interfabriles, expresiones de unidad y democracia directa que marcaron la época.
No lograron borrar la historia de lucha del Posadas
Esta experiencia de lucha tuvo continuidad, extendiéndose más allá de los muros hospitalarios, en la participación en la Coordinadora Interfabril del Oeste, que jugó un rol clave durante las Jornadas de Junio y Julio de 1975 contra el Plan Rodrigo, reuniendo a trabajadores de diversos sectores como salud, docentes, metalúrgicos, ferroviarios y mecánicos, entre otros. Los delegados del Hospital, que representaban a 1600 trabajadores, participaron con mandato directo de las asambleas, llevando consigo mandatos avanzados que incluían, entre otras ideas, el control obrero de la producción. Fueron parte activa de las movilizaciones durante esos meses.
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El 28 de marzo de 1976, tras el golpe militar, el hospital fue ocupado por fuerzas militares. Bajo el mando del Coronel Médico Di Benedetto, toda actividad gremial fue silenciada. La oscuridad se abatió: 50 trabajadores fueron detenidos ilegalmente y arrojados a distintos centros clandestinos de detención. El chalet español a dos aguas, que servía de casa del director asistente, ubicado en el límite entre el hospital y el barrio Carlos Gardel, fue convertido en un centro clandestino de detención y exterminio. Once trabajadores continúan desaparecidos.
Son ellos, a quienes hoy reivindicamos con profunda memoria: María Ángela “Nené” Cairo Rivero de Garassino, Julio César Quiroga, Jorge Mario Roitman, Jacobo Chester, María Teresa García de Cuello, Josefina Teresa Pedemonte de Ruiz Vargas, Eduardo Carla Sala, Daniel Eduardo Calleja, Ignacio Jesús Luna Sánchez, Osvaldo Enrique Fraga, María Ester Goulecdzian, desaparecidos del Hospital Posadas.
No lograron borrar la historia de lucha y organización de los trabajadores del Posadas. En los últimos años fue un espejo de los hechos de lucha de clases: en 2001 fue un polvorín, la policía reprimió con gas lacrimógeno dentro del hospital y los trabajadores los sacaron a los palazos. Incluso después se negaron a atender policías en la guardia.
La fuerza de lucha resurgió nuevamente al enfrentar los despidos masivos de 2018, logrando una gran cantidad de reincorporaciones. Y se mantiene la pelea por la reincorporaciones de los despedidos por el ajuste de Milei. Frente a los embates de los gobiernos, continúan en pie de lucha, defendiendo con la misma pasión sus puestos de trabajo y la salud pública que un día soñaron digna y de calidad para todos.Te puede interesar: Novedades. Hitos de resistencia de la clase trabajadora de Zona Oeste: La Mercedes Benz
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Salta: organizaciones de DDHH y la izquierda denuncian la militarización de la frontera norte
5 de mayo, por Avanzada represiva — Política, Salta, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Política, Salta, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich
Este lunes, en conferencia de prensa, denunciaron la llegada de las Fuerzas Armadas a la provincia, en el marco del llamado Operativo Roca, que es parte del Plan Güemes. Estuvieron presentes referentes políticos del Frente de Izquierda, como Daniela Planes, candidata a concejal en la capital provincial.
Este martes 6 de mayo llegan a Tartagal las Fuerzas Armadas en el marco del Operativo Roca. Se trata de más de 10.000 efectivos del Ejército, Gendarmería, Prefectura y la Fuerza Aérea. De esos, 1.300 se quedarán en forma permanente en las áreas de intervención.
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El operativo, impulsado en común por el Gobierno nacional y las gestiones provinciales -como la del peronista Sáenz en Salta- implica darle más poder a las fuerzas represivas pero, además, implica facilitar la intervención de las FF.AA. En seguridad interior, algo prohibido legalmente por la Ley de Seguridad Interior.
El argumento de esta intervención es el presunto “combate al narcotráfico”, algo completamente falso porque es evidente que la acción de los narcotraficantes es imposible sin la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, del Poder Judicial y de funcionarios políticos de jerarquía. En Salta y en todo el país.
En la conferencia se denunció, además, que “lo más peligroso es que el gobierno de Milei en acuerdo con Sáenz, los autoriza a través del Decreto 1112/24 a proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia. Esto ya lo vivimos en el 2001 con la militarización de Tartagal y Mosconi a través de la Gendarmería, con la que reprimieron al pueblo del Departamento San Martín, encarcelando docentes, trabajadores de YPF y asesinando a 5 trabajadores del movimiento piquetero, que luchaban contra las privatizaciones del menemismo”.
Esta militarización de la frontera norte ocurre a meses de los asesinatos de dos jóvenes trabajadores: Fernando Gómez en Salta, e Ivo Torres, en Jujuy, ambos a manos de la Gendarmería. En ambos casos, los gobiernos avalan el accionar represivo contra la población más humilde, trabajadora y originaria.
En la conferencia también se denunció la hipocresía del discurso oficial: “Es el mismo Estado que implementó un blanqueo que permitió a las redes de narcotráfico legalizar su dinero espurio; o en el caso de Sáenz, que le viene garantizando la impunidad a su funcionario Benjamín Cruz, ex Secretario de Seguridad, conocido por sus vínculos con sicarios y jefes de los carteles de Orán.
Los gobiernos de las últimas décadas han reforzado de distintas formas la presencia de las fuerzas represivas en los barrios y otros rincones del país y sin embargo; el narcotráfico y la trata no han cesado de crecer. La instalación de las FF.AA. por Pullaro y Bullrich en Rosario se demostró como un fiasco, ya que la droga acopiada sale a través de los puertos que están privatizados y los bancos, que se han transformado en grandes plataformas de lavado de dinero”.
Salta: organizaciones de DDHH y la izquierda denuncian la militarización de la frontera norte. Repudian el Operativo Roca, impulsado por Milei y Bullrich, avalado por Sáenz y los gobernadores provinciales. Daniela Planes, referente del PTS-Frente de Izquierda y candidata a… pic.twitter.com/2rgHavSDwt
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) May 5, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>En la conferencia se planteó, además, el llamado a “todo el arco político a movilizarse y repudiar esta avanzada represiva que constituye una peligrosa amenaza contra las libertades democráticas.
Exigimos la inmediata anulación de este Decreto ilegal. Rechazamos la criminalización de quienes luchan por vivir y trabajar dignamente”. -
Marcha Mundial de la Marihuana: exigen nueva ley de drogas que respete los derechos humanos
5 de mayo, por Salud y prohibicionismo — Juventud, Libertades Democráticas, Marihuana, Cannabis, Marcha Mundial de la Marihuana, Legalización de la marihuana, Cannabis medicinal, Juventud, Libertades Democráticas, Marihuana, Cannabis, Marcha Mundial de la Marihuana, Legalización de la marihuana, Cannabis medicinal
En la movilización del sábado se denunció la persecución del Estado y se reivindicaron derechos elementales. Además se planteó la necesidad de impulsar cambios legislativos que prioricen la salud y sobre el actual modelo prohibicionista. Aquí los principales reclamos y la voz de la Mesa Organizadora de la marcha.
Como todos los años, el primer sábado de mayo se llevó adelante en Argentina una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM). Unas 25 ciudades sumaron para visibilizar antiguos y nuevos reclamos. Es que además de exigir una nueva Ley de Drogas, las organizaciones cannábicas y de derechos humanos, junto a otros actores de la sociedad civil, pusieron sobre la mesa cuestiones como la reparación histórica de usuarios y cultivadores que son perseguidos y criminalizados por la Ley 23.737 y el fin de la violencia estatal.
Hablamos de una ley vigente desde 1989, que durante 35 años ha sido utilizada como herramienta para realizar allanamientos violentos, detenciones arbitrarias y la estigmatización de los usuarios de sustancias, que siempre ha impactado con mayor fuerza sobre jóvenes de barrios populares, pueblos originarios, mujeres y personas trans. Todo ello mientras, como afirman desde la Mesa Organizadora de la Marcha, en otros países ya se han puesto en marcha modelos basados en la salud pública y el respeto a los derechos humanos.
Nermi, reconocida activista cannábica y referente de la organización El Jardín del Unicornio, contó a La Izquierda Diario: “Todas las consignas fueron acordadas por todas las organizaciones que formaron parte de la Mesa Organizadora, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Así se elaboró el documento que fue leído en el Congreso ante unas seis mil personas”.
Dicho documento había sido entregado unos días antes en la Casa Rosada, junto a una nota dirigida al presidente Javier Milei.
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La marcha se llevó a cabo bajo la consigna “Por una nueva ley de drogas. Basta de presos por marihuana”. En ese sentido Nermi agregó: “Indudablemente, lo que estamos viviendo, la pérdida de derechos en general nos llevó a juntarnos bajo esta consigna. Es necesario un cambio radical para que la marihuana sea legal para todes”.
El reclamo de una nueva ley de drogas incluye que se abandone la lógica criminalizadora respecto al cannabis, fundamentándose en derechos humanos, salud pública, perspectiva de género y justicia social.
A su vez, el manifiesto reclama compensar los daños de la Ley 23.737 mediante medidas como amnistía, absolución, sobreseimiento, cancelación de antecedentes y reparación económica para quienes han sido afectados por su carácter represivo y persecutorio.
Otro de los puntos que integra el documento elaborado por las organizaciones se basa en el reconocimiento del trabajo cannábico, es decir, que se valore y regule el esfuerzo, el saber y la experiencia de quienes participan en el cultivo y procesamiento del cannabis, reconociéndolos como parte esencial de la economía y la cultura popular.
En cuanto a la salud, destacan por un lado el pedido de la implementación por parte del Estado de estrategias de reducción de daños, es decir, de medidas preventivas para disminuir los riesgos asociados al consumo de sustancias, junto con la capacitación obligatoria en materia de derechos humanos para las fuerzas de seguridad y funcionarios, orientada a erradicar episodios de represión; y en segundo lugar, la necesidad de la puesta en funcionamiento del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan Iacop), con el objetivo de garantizar el acompañamiento de las personas en situación de consumo problemático, desde una perspectiva de salud y derechos humanos.
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La Mesa Organizadora de la Marcha también se ha puesto énfasis en el rechazo a la violencia institucional y la condena de las acciones violentas durante las manifestaciones, señalando, entre otras medidas, el “Protocolo Antipiquete Bullrich”, el cual ha derivado en detenciones arbitrarias y representa un ataque al derecho de la protesta pacífica.
Sobre este último punto, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, dijo a este diario: “Haber marchado ya es un montón. Nos dieron dos carriles nada más, es la primera vez que nos pasa, con un cordón policial al lado continuamente, durante toda la movilización”.
Además, Salech subrayó que “el momento de luchar por una nueva legislación es éste, no podemos permitir que usuarios ocasionales o con consumo problemático sigan siendo tratados como criminales. Pero no basta sólo con pedir que se deje de criminalizar, sino que vamos a pelear porque haya una ley que además acompañe, que sea más humana, desde una perspectiva de la salud”.
Y añadió: “El movimiento está dando un paso histórico porque ya no nos alcanza con los marcos regulatorios existentes. La 23.737, a la luz de los hechos, ha fracasado y debe ser derogada; vamos por una nueva ley de drogas”.
